Siete de cada diez empresas que recurren a la investigación privada descubren bajas fraudulentas entre sus empleados
Desde hace una década las bajas laborales vienen experimentando un más que considerable aumento: en concreto, un 138% si tomamos como referencia 2023 y lo comparamos con 2013. Un porcentaje alarmante que se traduce en que en el pasado ejercicio se perdieron en España casi 400 millones de jornadas de trabajo a causa de procesos de incapacidad temporal, cifra récord hasta la fecha.
El coste medio de estas bajas se sitúa entre los 8.000 y los 13.000 euros cuando se prolongan durante un año, lo que sin duda es una mala noticia para las empresas, agravada por el hecho de que muchas de ellas están relacionadas con la salud mental, a la cual los médicos de cabecera prestan cada vez más atención, lo que dificulta sobremanera su fácil comprobación.
Si bien una amplia mayoría de los procesos de incapacidad temporal responden a problemas o dolencias reales, en algunos casos no es así, por lo que cada vez son más las sociedades mercantiles que, conscientes de este hecho, contratan los servicios de una agencia de investigación para que ante la aparición de determinados indicios compruebe fehacientemente su veracidad.
El detective privado, colaborador esencial de las empresas en el fraude laboral
Una reconocida firma de investigación privada madrileña ha realizado un análisis de los trabajos desarrollados en este campo desde mediados del año pasado y las conclusiones del mismo son ciertamente preocupantes: en un 70% de los veces en que las compañías decidieron contratar sus servicios ante las dudas generadas por la actitud de los empleados las bajas han resultado ser lo que podríamos denominar fraudulentas. En algunas ocasiones incluso se habían solicitado para trabajar en otras empresas sin estar asegurado en ellas.
El método de trabajo que caracteriza a los investigadores profesionales incluye el seguimiento y la vigilancia de los trabajadores, así como la recopilación de testimonios de testigos e imágenes captadas por vídeo o fotografía, cumpliendo escrupulosamente con la legislación vigente para, llegado el caso, poder convertir la información recabada en pruebas plenamente válidas ante los tribunales.
Hoy en día una correcta labor de investigación es la mejor herramienta de la que dispone el empresario para asegurarse de que las actividades engañosas sean debidamente sancionadas y ahorrar importantes sumas de dinero, lo que consolida el papel del detective privado como colaborador fundamental de las compañías para combatir el fraude laboral de sus empleados.